El derecho a la protección de la salud se inscribió en el artículo cuarto de nuestra Constitución hace dos décadas. Si bien el texto constitucional establece este derecho no especifica que el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Y un derecho sin un sujeto obligado no es en la realidad un derecho exigible.
Paradójicamente a partir del año 1983, cuando se reconoció legalmente el derecho a la salud, los recursos públicos dedicados a este rubro cayeron bruscamente con la implantación de la política neoliberal. Lo que se concedió en la ley, se eliminó en el presupuesto. A pesar de sus riquezas México tiene uno de los presupuestos públicos de salud más bajos de toda América Latina. En 2003 el gasto público en salud representaba el 2.8 por ciento del PIB, distribuido entre 2.1 por ciento para los servicios de la seguridad social y 0.7 por ciento para los servicios de salud para la población no-asegurada. En cambio, el gasto privado en salud equivalía al 3.3 por ciento del PIB a pesar del hecho de que el volumen de los servicios privados prestados era muy inferior al de los servicios públicos.
El Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), mejor conocido bajo su nombre propagandístico el “Seguro Popular”, es la expresión legal y organizativa de esta concepción. Sin embargo, el SPSS tiene una serie de características que restringen el derecho a la protección de la salud: está condicionado al pago de una cuota familiar, su extensión universal tardará siete años o sea hasta 2010 y no garantiza todos los servicios disponibles sino sólo el Catálogo de Servicios Esenciales, actualmente de 154 intervenciones, y algunos tratamientos de “Gasto Catastrófico”, actualmente cuatro (Cáncer Cérvico-Uterino invasivo, Leucemia Linfoblástica en niños, Cuidados Intensivos en recién nacidos y atención ambulatoria con antirretrovirales para pacientes con VIH/SIDA). Todos los demás tratamientos –por ejemplo el embarazo complicado, la mayoría de los traumatismos, el infarto de corazón, el coma diabético, etcétera– tienen que ser pagados por el paciente y su familia.
Otro aspecto que debemos resaltar en salud es que se debe garantizar una alimentación adecuada y suficiente; proporcionar agua limpia y la eliminación segura de desechos; para disminuir la contaminación del aire, el agua y el suelo; para prevenir las epidemias y; para aminorar los efectos sobre la salud de los desastres naturales o los producidos por el hombre. Estos riesgos afectan, ciertamente, a todos pero sus efectos son particularmente graves sobre los pobres.
Equidad significa que todos pueden acceder a los servicios existentes ante la misma necesidad, con independencia de su condición socio-económica, su género, sus creencias o identidad étnica.
Puede decirse que IMSS e ISSTE estas dos grandes instituciones atienden a 65 millones de mexicanos, lo cual demuestra la extraordinaria importancia que tienen, tanto social como políticamente hablando.
A pesar de lo señalado y sin tomar en cuenta la responsabilidad que corresponde al Gobierno de mantener en óptimo funcionamiento estos servicios, se le dedica cuando mucho un 6% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando en todos los países civilizados del mundo se destina entre el 15% y el 20%, con la premisa fundamental de que la salud y el bienestar social son de las más grandes responsabilidades de un gobierno.
En la actualidad se habla de que el pago de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores en México resulta ser un problema tan grave que supera, desde el punto de vista del Gobierno, el éxito enorme que representa para la población el haber logrado que el promedio de vida de los mexicanos sea en este momento de mas de 75 años de edad.
Este beneficio se debe sin duda, en primer lugar, al avance de la ciencia y, en segundo, a la existencia del IMSS y del ISSSTE, pues es a través de sus programas como se ha terminado con la etapa de las enfermedades infecciosas que eran la causa del porcentaje de muertes tan alto que había a edades tempranas.
La plantilla del IMSS alcanza los 375 mil 390 trabajadores activos y 120 mil pensionados, mientras que los trabajadores afiliados al instituto suman 10.5 millones de personas en activo y 1.6 millones pensionados.
En el caso del ISSSTE, el número de trabajadores contribuyentes es de 2.5 millones y 450.000 de pensionados.
Sólo siendo un gobierno neoliberal se puede creer que lo que es un adelanto social extraordinario, se transforme en un conflicto de intereses por el solo hecho de que cuesta dinero, sin pensar en el bienestar del pueblo que es la razón principal de la existencia de los gobiernos.
El sistema público tiene problemas pero tiene muchas fortalezas entre las cuales destacan que tiene la infraestructura más sólida y extensa y que se rige por una lógica de beneficio público y no por una lógica comercial.
Sin embargo hay un deterioro prolongado como resultado de su largo proceso de subfinanciamiento, se añade un abasto de insumos irregular o inadecuado.
A partir de la descentralización se congelaron las plantillas de personal pagadas por la federación con el resultado de que hay unos 40,000 trabajadores irregularmente contratados en los servicios estatales de salud y un el déficit de personal creciente en el ISSSTE y el IMSS.
Se añade prácticas una corrupción endémica que empieza arriba y se trasmina hacia abajo.
Durante la última década se ha dado un rápido crecimiento del sector privado, que tiene un marco regulatorio débil, y se observa un proceso de monopolización de los grandes hospitales privados.
